El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, FARC. En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
Por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos.
Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.
De la misma manera se constató que la Senadora Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.
De otra parte, el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado absolvió a la dirigente política por el cargo de “traición a la patria”, por considerar que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional.
La Procuraduría General de la Nación anunció hoy que destituyó e inhabilitó por el término de 18 años a la actual senadora liberal Piedad Córdoba por presunta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el ministerio público, la sanción disciplinaria tiene su origen en información hallada en los computadores atribuidos al jefe guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en 2008 durante una incursión militar ilegal del ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
En un comunicado, la Procuraduría sostiene que logró establecer que en el cruce de documentos entre las FARC y Córdoba, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
A su vez, en el comunicado la Procuraduría indica que la senadora dio información al grupo guerrillero sobre diferentes asuntos vinculados con la liberación de los retenidos, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.
Por otra parte, el documento expresa que Córdoba "instruyó y solicitó a las FARC" que suministraran pruebas de vida de los prisioneros con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
Esta no es la primera que contra la líder del grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombianos por la Paz se lanzan este tipo de acusaciones, lo que para muchos constituye una persecución por sus posiciones políticas progresistas.
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