Los simpatizantes del independentismo vasco suelen portar banderas venezolanas y wipalas en sus manifestaciones.
El gobierno español acpetó la "clara" respuesta dada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, a la acusación de que su país sirve como un campo de entrenamiento para las actividades ilícitas del grupo separatista vasco ETA.
"La declaración del presidente Chávez es muy clara, de cooperación", dijo en declaraciones a una emisora de radio la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.
Así valoró la número dos del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero la contundente declaración de Chávez después de que dos presuntos etarras confesaran que habían viajado a su país para recibir adiestramiento en el manejo de armas.
Ante la Guardia Civil, Javier Atristain y Juan Carlos Besance, detenidos el pasado miércoles por su presunta relación con ETA, confesaron haber recibido formación en Venezuela.
Según consta en un auto judicial, ambos fueron entrenados en el manejo de armas por José Lorenzo Ayestaran (detenido en Francia en febrero) y Arturo Cubillas Fontán, quien en 1989 fue deportado desde Argelia a Venezuela, donde ahora ocupa un cargo público.
Respuesta enfática
La noticia, difundida el lunes, provocó que se vislumbrara un nuevo capítulo de la polémica diplomática entre España y Venezuela sobre la supuesta presencia de etarras en territorio del país sudamericano.
Sin embargo, el presidente Chávez, en un gesto inusual, por teléfono en la televisión estatal, leyó el contundente comunicado de la Cancillería con el que trataba de "refutar" la versión de los dos supuestos miembros de ETA.
La corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Yolanda Valery, destacó la particularmente enfática respuesta del gobierno venezolano ante las nuevas denuncias.
"Primero fue una declaración del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez; luego la Cancillería, a través de un comunicado; y por último el propio presidente Hugo Chávez ratificó el contenido de este mismo comunicado", apunta la corresponsal.
Sin embargo, recuerda Valery, hasta ahora el gobierno no ha dado respuesta, que se sepa, a los requerimientos de información de la justicia española sobre supuestos etarras, entre ellos Arturo Cubillas.
"No se puede dar credibilidad a las declaraciones rendidas ante un juez por dos criminales sanguinarios", dijo el presidente Hugo Chávez.
El embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, por su parte, dijo que su país "tiene serias dudas de que estas declaraciones, por falsas y maliciosas de parte de quienes las emitieron, hayan sido totalmente voluntarias".
El gobierno venezolano posee "excelentes relaciones" con España y éstas no podrán ser destruidas por "la derecha española", afirmó el martes el canciller Nicolás Maduro, que denunció una "campaña de difamación" contra el presidente Hugo Chávez.
"No podrá esta derecha española obsesionada con el presidente Chávez destruir estos lazos que estamos dispuestos a acrecentar", enfatizó Maduro, quien denunció "una campaña de difamación" contra el gobierno venezolano a raíz de recientes declaraciones de presuntos miembros de ETA.
Los presuntos etarras Juan Carlos Besance Zugasti y Xavier Atristain Gorosabel, detenidos la semana pasada en España, indicaron en un interrogatorio que siguieron "cursillos de formación" en 2008 en Venezuela, según un auto judicial difundido el lunes que ya fue enviado a las autoridades venezolanas.
De acuerdo con la justicia, uno de sus instructores fue Arturo Cubillas, presunto miembro de ETA que reside en Venezuela desde 1989 en virtud de unos acuerdos internacionales y ya tiene nacionalidad venezolana.
Chávez, por su parte, aseguró que estos hechos "forman parte de esta orquesta que sigue sonando contra la revolución bolivariana en los cuatro puntos cardinales de este planeta".
La justicia española, sin embargo, sospecha desde hace meses que Venezuela sirve de escondite a miembros de ETA.
En marzo, un juez español ordenó detener a 12 presuntos miembros de este grupo armado vasco y de la guerrilla colombiana de las FARC por su supuesta colaboración y el intento de asesinato en España de personalidades colombianas.
La justicia española señaló además que esta colaboración entre ambas organizaciones contó con "cooperación gubernamental" venezolana.
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