Estalló la polémica en Venezuela en torno a la reforma de leyes sobre medios de comunicación electrónicos, en especial por la extensión a Internet de las regulaciones de contenidos para radio y televisión. Los portales y redes que transmitan mensajes considerados delitos en el país pueden ser multados y hasta cerrados.
La Asamblea Nacional, con más de 90 por ciento de diputados oficialistas, aprobó esta semana una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, vigente desde 2005 y conocida con el acrónimo de Ley Resorte, y extendió sus disposiciones a Internet.
La reforma se adoptará en pocos días, así como otras leyes que la Asamblea elabora a gran velocidad, en una especie de "emergencia legislativa", para lo cual se corre contra reloj, con sesiones en días y horas inusuales para diciembre. Las reformas son para proteger a la ciudadanía de problemas como la pornografía o la pedofilia", declaró el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea, Manuel Villalba.
"Hay personas en el mundo de Internet que han tomado esta tecnología como una forma de dar rienda suelta a bajos instintos y por eso tiene que existir un Estado que proteja a la ciudadanía en general". Por ello "ampliamos la ley (Resorte) a los medios electrónicos (por Internet). Si en un blog se emite un mensaje que incita al asesinato, esa persona se debe hacer responsable, al igual que la persona que administra la página, pues deben hacer buen uso del portal", ejemplificó Villalba, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, "la Ley Resorte, en su versión inicial, ya constituía una verdadera causa de autocensura para los medios de comunicación, describiendo infracciones demasiado generales bajo una forma ambigua y sujeta a cualquier interpretación".
"La reforma agrava este defecto hasta la caricatura", puntualizó la organización no gubernamental con sede en París.
Carlos Correa, de la entidad no gubernamental de comunicación Espacio Público, dijo a IPS que "ensanchar hasta Internet las normas sobre medios audiovisuales no calza con estándares internacionales y concede una gran discrecionalidad a órganos estatales, amén de que estamos ante una reforma apresurada, que afecta derechos sustantivos, y por eso debiera dársele una amplia discusión en la sociedad".
Con la reforma se establecerá que los prestadores de servicios audiovisuales serán solidariamente responsables de infracciones y eventuales delitos en los mensajes de anunciantes o productores independientes que usen alguno de sus espacios.
En el caso de Internet, los responsables deberán tomar correctivos para vedar mensajes en sus foros o espacios de comentarios, una vez que entes estatales adviertan que están en presencia de un mensaje ilícito.
La Ley de Telecomunicaciones de 2000, aprobada en la primera de las tres presidencias que lleva Hugo Chávez, será reformada para obligar a una renovación de sus licencias para todos los operadores de radio y TV. Ya está pronto a discusión el proyecto correspondiente.
También se aumentan los controles y sanciones, que van desde cesión de espacios para transmitir mensajes educativos hasta el cierre definitivo y revocación de la licencia.
La oposición en bloque, medios de comunicación privados críticos del Gobierno, agrupaciones de periodistas y jerarcas de la Iglesia católica han criticado la acentuación de controles estatales y los castigos que traen las reformas legales.
El guatemalteco Frank La Rue, relator de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, lamentó la presentación de las reformas porque, en su opinión, "son válidas para modernizar sistemas o ante nuevas tendencias, pero la regulación de Internet debe ser mínima para conservarlo como espacio libre".
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró hoy necesaria una reforma a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Resorte) encaminada a prevenir delitos en Internet.
Chávez aclaró que no se trata de controlar Internet, matriz de opinión divulgada por la oposición con el respaldo de medios nacionales e internacionales.
Respecto a las campañas mediáticas contra la reforma, fustigó a sus detractores.
Solo los escuálidos (opositores radicales) pueden criticar una ley para protegernos de eso delitos, afirmó.
El proyecto es rechazado por los diputados opositores, en franca minoría en el Hemiciclo, y por políticos contrarios al Gobierno, quienes lo consideran un intento de controlar la red para coartar la libertad de expresión.
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